EEN CEA
A falta de menos de 60 días para que Reino Unido abandone la UE, el 29 de enero la Cámara de los Comunes volvió a votar varias enmiendas a la moción presentada una semana antes por parte de la Primera Ministra británica, Theresa May. En concreto, los diputados británicos aprobaron, con 317 a favor frente a 301 en contra, una enmienda que requiere sustituir el denominado “backstop” (la medida de emergencia para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda) por mecanismos alternativos que deberán ser debatidos con la UE. Dicha enmienda también fue respalda por el Ejecutivo británico. No obstante, en el Pleno del Parlamento Europeo celebrado el día siguiente, el Presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, reiteró que el Acuerdo de Retirada refrendado por la UE y el Gobierno británico el pasado 25 de noviembre es el mejor y único posible. Por su parte, el Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, repitió que la mejor forma de evitar un escenario de no acuerdo es ratificando el Acuerdo de Retirada, del que forma parte el citado backstop, y que el mismo no se renegociará. Asimismo, advirtió de la urgencia de prepararse ante un Brexit desordenado.
En este contexto, la Comisión Europea presentó nuevas propuestas de contingencia para afrontar una posible salida de Reino Unido sin acuerdo que complementa a las previas Comunicaciones presentadas durante 2018. Esta vez, las iniciativas abordan el programa Erasmus, la coordinación de la seguridad social y el presupuesto de la UE. En particular, buscan garantizar que en caso de un escenario de no acuerdo los jóvenes de la UE y del Reino Unido que participen en el programa Erasmus+ a 30 de marzo de 2019 puedan completar su estancia sin interrupción; que las autoridades de los Estados miembros sigan considerando los periodos de seguro, empleo o residencia en el país anglosajón antes de la fecha de retirada a la hora de calcular prestaciones de la seguridad social; y que los británicos que se beneficien de la financiación de la UE en virtud de los contratos vigentes sigan recibiendo los pagos correspondientes, siempre que Reino Unido continúe cumpliendo con sus obligaciones financieras con la UE.